Desde Greenpeace creemos que sí y por eso llevamos más de 30 años trabajando en España para defender un medio ambiente sostenible y saludable. Derecho a poder disfrutar de nuestros bosques, ríos, costas o de un aire sano, gestionados de una manera sostenible y donde prime el derecho de los ciudadanos por encima de los beneficios e intereses económicos particulares de empresas u organismos. En el contexto de crisis que estamos viviendo, estos derechos han sido unos de los más perjudicados y han sufrido infinidad de recortes como si no fuesen compatibles con el desarrollo económico, cuando desde Greenpeace hemos demostrado en infinidad de informes que medio ambiente y un desarrollo económico sostenible pueden y deben ir de la mano.

Estos derechos están regulados y protegidos por el derecho internacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y estas normas son vinculantes para España, incluso para la propia Constitución. Derechos que son tan importantes como otros que asumimos como cotidianos. Sin embargo, la Constitución Española los recoge y protege de forma desigual e insuficiente, lo que afecta a nuestras vidas.

Nuestra Constitución establece derechos ‘de primera’, mejor protegidos y que pueden ser reclamados directamente ante la justicia, como el derecho a la vida o la libertad; y derechos ‘de segunda’, como el derecho a la salud, la vivienda o al medio ambiente saludable, que no pueden ser reclamados directamente ante los tribunales. El artículo 53 con su planteamiento actual es responsable de esto.

Por eso Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón piden una reforma de la Constitución que proteja mejor todos nuestros derechos. Además, queremos que la Constitución se amplíe. Estos derechos han de estar protegidos siempre, y su financiación asegurada incluso en tiempos de crisis.

Únete a nuestra campaña y pide a nuestros políticos que blinden nuestros derechos